Parece que nadie ha puesto en duda que la ampliación de la base de cálculo de las pensiones a 25 años bajaría el nivel de las prestaciones.
No lo voy a cuestionar si hay consenso de los expertos al respecto, pero me gustaría llamar la atención acerca de los casos de las personas que hemos perdido el trabajo en torno a los 50 años con una vida laboral de responsabilidades medias o altas. Lo más probable es que los últimos 15 años, en caso de retornar al mercado laboral, estén plagados de empleos mal pagados, precarios, más periodos de desempleo, etcétera, con lo cual nuestra percepción de jubilación será cercana al mínimo cuando durante muchos años hemos cotizado para poder optar a una pensión más alta.
Prefiero no entrar en valoraciones ya que todo está más que confuso, pero creo que estos casos merecerían al menos una reflexión.- Fèlix Tarrida. Igualada, Barcelona.
En unos momentos en que se está debatiendo la ampliación de los plazos de las pensiones, me asombra que por ningún sitio (debates, prensa, radio, etcétera) haya nadie que se cuestione la moralidad y ética de las pensiones de los diputados y senadores.
Según tengo entendido, a estos señores les basta con haber permanecido siete años ocupando un escaño para tener derecho a la pensión máxima.
¿Cómo es posible que a un trabajador que está en un andamio se le exijan 35 años para tener derecho a pensión y a un político de productividad dudosa (véase las asistencias a las sesiones del Congreso) le baste con siete años?
Espero que si aún queda un poco de moral entre los políticos, éstos den ejemplo y se equiparen a los ciudadanos de a pie.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de febrero de 2010