Cuando el 25 de febrero el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, acuda al Congreso a explicar la propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, ya conocerá hasta dónde llega el rechazo que esta iniciativa ha cosechado en la calle. Dos días antes, el 23 de febrero, los sindicatos UGT y CC OO han convocado manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia contra la propuesta. Las tres protestas forman parte de la campaña que llevarán adelante entre el 22 de febrero y el 6 de marzo. Son las primeras movilizaciones de estas organizaciones contra el Gobierno socialista en seis años.
Bajo el lema En defensa de las pensiones. No al retraso de la edad de jubilación, ambos sindicatos han convocado conjuntamente más de 50 manifestaciones "masivas", "en todas las capitales y ciudades importantes", explicó ayer el líder de UGT, Cándido Méndez.
CC OO y UGT anuncian las primeras protestas contra Zapatero
Las movilizaciones, "preventivas", tratan de evitar que la propuesta del Gobierno se abra paso en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Este órgano, donde están representados todos los grupos parlamentarios, estudia ahora la iniciativa del Gobierno y tiene que pactar un documento que sirva de base para reformar la Seguridad Social. El Pacto de Toledo sobre las pensiones se constituyó en 1995, fue renovado en 2003 y su objetivo es sacar de la contienda política lo relativo a las pensiones.
"No hay demanda de movilizaciones superiores", zanjó el líder de CC OO, preguntado por una huelga general. Méndez añadió: "Consideramos que las cosas van a cambiar en profundidad". Las manifestaciones, además, coinciden con las negociaciones para la reforma laboral. Esto exige a los sindicatos conjugar la negociación en los despachos y la presión en la calle.
"La Seguridad Social goza de buena salud", afirmó contundente Toxo. "Es temerario vincular el plan de austeridad y la reforma de las pensiones como plantea el Gobierno. Envía una mala señal a los mercados, a los organismos internacionales y a la UE", continuó.
"El Gobierno ha cometido errores con esta propuesta", abundó Méndez, "ha abandonado el consenso [el acuerdo de pensiones adoptado en 2006] que contempla el retraso voluntario de la edad de jubilación".
Ésta, precisamente, es la primera medida que proponen los sindicatos para asegurar el futuro de la Seguridad Social. Las otras medidas persiguen aumentar los ingresos del instituto público: subida del salario mínimo interprofesional para mejorar las bases de cotización o pagar con impuestos los 4.000 millones anuales de complementos a mínimos (cantidad con que el Estado completa las pensiones que no llegan al mínimo legal). "No se puede jugar siempre con la idea de contraer el gasto", dijo Toxo.
Sobre el plan de austeridad del Gobierno para recortar el déficit del 11,4% al 3% en 2013, los sindicalistas reclamaron al Gobierno una reforma fiscal. Traducido al román paladino: subir impuestos. Méndez se felicitó de la "reflexión" de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado en la que subrayó que la presión fiscal en España está 10 puntos por debajo de la media de la UE.
Toxo, por su parte, afirmó que con el recorte "se incorporan elementos que pueden determinar que la recuperación económica se frene". "La UE está abocada a cambiar los criterios de austeridad. No es posible pagar la deuda, mantener la protección social, impulsar el cambio de modelo productivo y hacer recortes presupuestarios", concluyó Toxo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de febrero de 2010