Leo en el periódico la noticia de que, tras el fracaso de la Conferencia de Presidentes del pasado enero, el Gobierno va a penalizar a las Comunidades Autónomas derrochadoras. Aplaudo la idea porque el gasto superfluo con el dinero público, el derroche, no es exclusivo del Estado, sino también de las Autonomías.
Pero queda suelta y descontrolada la tercera pata del taburete: los Ayuntamientos. ¿No es derroche mantener obras eternas en las ciudades, que se empalman sin fin ni solución? ¿No es derroche hacer obras que no hacen ninguna falta, ni ha pedido nadie, ni se prometieron en ningún programa electoral, pero que mantienen a algunos Ayuntamientos endeudados por generaciones? El derroche municipal también debería ser penalizado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de febrero de 2010