Parece que por fin el Gobierno está reaccionando tomando medidas contra la crisis, como el recorte presupuestario de los 50.000 millones, la reducción progresiva de funcionarios y promoviendo los recientes acuerdos de patronal y sindicatos.
Pero para atajar de raíz el paro, lo más importante sigue siendo el apoyo a las pymes, que son las que generan más del 70% del empleo de nuestro país. Un grave problema es la tardanza en cobrar las facturas adelantando el IVA no cobrado, y también la falta de financiación que las continúa abocando al inevitable concurso de acreedores. Mi pregunta es la siguiente: si por normativa europea está estipulado que se cobre a 30 días, ¿por qué no se toman medidas para que se lleve a cabo?
Se podría, por ejemplo, promulgar un real decreto que regule el cobro en este plazo, mediante cualquier instrumento financiero como transferencias, talones, pagarés, confirming o factoring..., obligando al pago de los intereses por los días transcurridos a la empresa deudora. Si se dilata el cobro en este periodo sin disponer de ningún recurso para cobrar, que se penalice a las empresas deudoras, con tantos por ciento por los días transcurridos, desde la factura vencida.
Esta medida daría aire a las pymes, y las permitiría continuar generando nuevo empleo. A ver si el señor José Blanco enarbola esta causa, ya que parece él único ministro del Gobierno que está tomando iniciativas valientes y con buen criterio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de febrero de 2010