El plan del Ayuntamiento de Valencia para derribar una parte del barrio valenciano de El Cabanyal para prolongar una gran avenida hasta el mar quedó ayer congelado. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley autonómico con el que el Ejecutivo de Francisco Camps intentó desprotegerlo y con ello paralizó toda actuación.
El Ministerio de Cultura dictó el 29 de diciembre, a petición del Tribunal Supremo, una orden declarando expolio y paralizando la aplicación del plan aprobado por el gobierno local del PP. El Ejecutivo valenciano replicó con un decreto ley para invalidar la orden ministerial y desató un conflicto de competencias. El Gobierno recurrió la norma autonómica al Constitucional en defensa de su fuero. El Ayuntamiento de Valencia considera que la admisión a trámite no paraliza los derribos en el barrio y aseguró que seguirá con el plan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de febrero de 2010