¡Qué vergüenza!, exclamé al leer que las Cortes de la Comunidad Valenciana habían publicado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en su declaración de bienes y actividades manifestaba que era copropietario, junto con su esposa, de un piso, una cuenta corriente de 2.779 euros y un plan de pensiones de 8.309 euros, y además disponía de una cuenta bancaria propia con 905 euros y un coche con 15 años de antigüedad.
¿Por qué la máxima autoridad política de la Comunidad Valenciana se ríe públicamente de todos los ciudadanos españoles?
¿Por qué ensucia públicamente un principio importante en el funcionamiento de los sistemas democráticos, como es el que los gestores de "la cosa pública" rindan cuentas de sus bienes y de su procedencia? ¿Por qué se burla de la democracia? Si no cree en ella, ¿por qué vive de ella? Hacienda, que funciona inexorablemente con los trabajadores con nómina, ¿actuará ante esta provocación?
Por último, me pregunto, ¿no les importa a los partidos políticos la desafección cada vez mayor, que provoca en los ciudadanos este tipo de comportamiento, máxime cuando lo ostentan sus dirigentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de febrero de 2010