La Xunta está a punto de licitar el proyecto del nuevo hospital de Pontevedra en contra de la opinión del Ayuntamiento. En una reunión que mantuvieron ayer la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), volvieron a escenificar un desacuerdo. Sanidade seguirá adelante y licitará en pocas semanas el proyecto, mientras que el consistorio, en una actitud que justifica por su rechazo "a la privatización de la sanidad", se desmarca del proyecto y no sufragará los "entre 20 y 30 millones de euros que cuesta llevar servicios a una zona donde no hay nada".
Aunque Farjas apuntó que siempre conversará con el Ayuntamiento y que nunca dará por rotas las negociaciones, las posturas parecen difícilmente reconciliables. El alcalde no dará su visto bueno si la infraestructura se financia con capital privado, tal y como hará la Xunta. "Voy a intentar informar a los pontevedreses de en qué consiste esta privatización y cómo se precarizará la sanidad", dijo a la salida de la reunión. Ayer mismo comenzó esta campaña con un acto en el Centro Cultural Caixanova. El movimiento de rechazo, que está secundado por casi la mitad de los 21 alcaldes cuyos municipios se beneficiarán del hospital, que se levantará en la parroquia de Marcón, cuenta también con una página web: www.unicoepublico.com.
El Gobierno local calcula que llevar los servicios costará de 20 a 30 millones
El regidor se niega a apoyar una infraestructura con capital privado
Contra esta opinión, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se erige, según Farjas, en la institución que "conoce las necesidades asistenciales de los pontevedreses". "Me extraña mucho que un alcalde esté en contra de construir un hospital en su ciudad", dijo en la rueda de prensa que dio junto a su compañero de partido Rafael Louzán, a la que no estaba invitado el alcalde de Pontevedra, quien hizo las declaraciones a los medios fuera del edificio del Sergas, donde se celebró la reunión.
Este desacuerdo entre instituciones no se traducirá, según Farjas, en un retraso en las obras, que "tal y como estaba previsto", durarán cinco años después de la licitación definitiva, que debería estar lista a final de 2010. No queda claro cómo afectará a la financiación. La conselleira explica que cuando se conozca el proyecto se concretará el precio, que oscilará entre 180 y 200 millones de euros. "Será entonces cuando tengamos que concretar de dónde viene la financiación", añadió Farjas. El Ayuntamiento, según explica su alcalde, no hará la inversión en servicios como alcantarillado o agua, que suponen entre 20 y 30 millones de euros: "Facilitaremos esto como a cualquier empresa privada, pero no vamos a hipotecar el consistorio". La tercera institución en discordia, la Diputación, se encargará de los accesos al complejo.
Lo que defiende Lores es ampliar el hospital de Montecelo. Según dice, "costaría 100 millones de euros, se garantizaría la financiación pública, tal y como estaba previsto con el bipartito, y se aprovecharía la inversión que ya hay hecha, de 60 millones de euros". "Aquí van a hacer como en Valencia, en Madrid o como hicieron los británicos en época de Thatcher, algo que los propios conservadores ya están rechazando", explicaba el alcalde, quien asegura que, cuando el hospital esté funcionando, le saldrá a las arcas públicas por 50 millones de euros al año.
El sistema de financiación consiste en que empresas privadas sufraguen el edificio a cambio de gestionar los servicios auxiliares no sanitarios. El Sergas defiende que es la forma de poder hacer infraestructuras que de otro modo sería imposible construir y que el sistema no merma la sanidad pública, "por la que apuesta la Xunta". Sus detractores, entre los que están, además del alcalde de Pontevedra, los sindicatos representados en la mesa sectorial de sanidad, argumentan que es una forma de precarizar el trabajo y la asistencia sanitaria ya que se contribuye al negocio de empresas privadas en lugar de asegurar la calidad.
Lleven razón unos u otros, la Xunta sigue adelante con su idea que, según Farjas, garantiza una asistencia sanitaria por un tiempo de entre 20 y 40 años y creará hasta 1.600 puestos de trabajo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2010