La oposición pidió ayer, sin éxito, la retirada de los proyectos de ley de Autonomía Local de Andalucía y de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma en su debate a la totalidad en el Parlamento. Sin embargo, los consejeros que las defendieron -Luis Pizarro (Gobernación) y Carmen Martínez-Aguayo (Economía)- llenaron sus intervenciones de llamadas al diálogo y trataron de convencer (en especial a IU) de que el trámite parlamentario es una gran oportunidad para el acuerdo.
"Es el momento de la altura de miras. Es el momento de dar respuesta a los alcaldes y alcaldesas de los 771 municipios de Andalucía. Es el momento en que veamos necesario el esfuerzo de todos para el apoyo a estas leyes", dijo con énfasis Luis Pizarro, quien aseguró que su departamento tendrá la "máxima sensibilidad" para incorporar iniciativas.
El Gobierno andaluz quiere evitar que las llamadas leyes locales -los proyectos estrella de la legislatura- empiecen a caminar con el apoyo único del PSOE. Estas normas establecen un paquete de 29 competencias propias de los ayuntamientos y una financiación incondicionada, cuyo fondo ascenderá a 600 millones en 2013, aunque la intención es ampliarlo en 2014.
Tanto IU como PP las consideran insuficientes y argumentan que no responden a las aspiraciones de los ayuntamientos, como demuestra la insatisfacción expresada por la propia FAMP. Opinan, igualmente, que no se garantiza la descentralización administrativa (IU), o carecen de seguridad jurídica y son arbitrarias (PP). Además, y ése es el principal escollo, reclaman más dinero.
Mientras que el PP dejó muy clara su posición de rechazo, IU entornó la puerta a un acuerdo, pese a haber pedido la devolución de las normas. El coordinador de IU, Diego Valderas, emplazó a la Junta a "mover ficha" y dar espacio a posibles pactos. "Creemos que es posible, si no hay consenso, la responsabilidad será del Gobierno", dijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de marzo de 2010