Escuchando a tertulianos de ciertos medios de comunicación ultraconservadores, cualquiera extraería la conclusión de que la culpa de la crisis la tienen los funcionarios.
Pero la realidad es otra bien distinta: en 2008 el porcentaje de funcionarios en España era del 9%, uno de los más bajos de la Unión Europea, cuyo promedio es del 16%, y precisamente es en los países más avanzados socialmente donde el porcentaje de empleados públicos es mayor, como Dinamarca o Suecia, con más de un 20% de funcionarios.
Por otro lado, España es uno de los países de la Unión con mayor fraude fiscal procedente del mundo empresarial y financiero: de sus declaraciones de renta, según Hacienda, se extrae que declaran, de media, menos que sus empleados; además, España es uno de los países con menor gasto público, y con mayor desigualdad social de la UE.
Precisamente, lo que necesitamos es mayor inversión pública, un sistema fiscal auténticamente progresivo y una persecución sin descanso del fraude fiscal; justamente lo contrario de lo que pretenden hacernos creer nuestros omnipresentes ultraliberales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de marzo de 2010