La fiscalía sostiene que el alcalde de La Viñuela (Málaga), el socialista Juan Millán, dio tres licencias de obras en suelo no urbanizable "por su propia voluntad", siguiendo el método de "yo me lo guiso, yo me lo como", porque obvió los informes técnicos y el visto bueno preceptivo de la Junta. Por ello, la acusación mantuvo ayer la petición de dos años de prisión y 17 de inhabilitación en el juicio oral que quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga.
El caso es uno más de las decenas de procedimientos contra alcaldes por la concesión de licencias en suelo no urbanizable; pero adquiere un interés especial porque recientemente la Audiencia de Málaga absolvió al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, que previamente había sido condenado a un año de cárcel por un juzgado de lo Penal. Navas dimitió sin esperar a la revocación de la sentencia.
El caso de Juan Millán es muy similar, más allá del matiz de que fue uno de los primeros alcaldes de la comarca de La Axarquía en enfrentarse a procedimientos judiciales por la proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en el entorno del pantano de La Viñuela. Hace dos años, Millán además dio por aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por "silencio administrativo de la Junta". Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió el plan y atendió el recurso de la Junta, que recurrió porque quien no había contestado a las resoluciones autonómicas era el alcalde.
Millán alegó ayer en su defensa que creía que actuaba correctamente, y que no tuvo conocimiento de los informes técnicos contrarios porque no había entonces técnicos municipales y el secretario "sólo iba unas horas". Millán adujo su convicción de que el suelo donde otorgó las tres licencias para viviendas unifamiliares en 2001 y 2002 era apto. "Siempre que no fuera la licencia para construir en suelo protegido se concedía", dijo y agregó: "Soy de allí, conozco el pueblo como la palma de la mano y sé cuando es un suelo protegido".
Las propietarias de las casas reconocieron que son sus viviendas habituales y no están vinculadas a ningún tipo de actividad agraria ni forestal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de marzo de 2010