El Ayuntamiento de Torrent ha sido condenado por suprimir el puesto de trabajo de un funcionario para designar a dedo a otra persona que ocupó su puesto "con ánimo de alejar al personal de ideología política distinta de la del actual equipo de gobierno". El juzgado de lo Social número 7 de Valencia considera probado que se han "vulnerado los derechos" del trabajador municipal que en 2009 denunció al equipo de gobierno, que dirige María José Catalá, por "discriminación política". También condena a indemnizar al afectado 10.008,74 euros y ordena "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el PP ganara las elecciones municipales.
El trabajador está afiliado a UGT, fue miembro del comité de empresa y candidato de Esquerra Unida en unas elecciones. Es militante del PSPV-PSOE desde 2007. La sentencia señala que el 11 de enero de 2008 el funcionario fue "desalojado del edificio", que el Ayuntamiento "no lo reubicó, ni le dió ocupación efectiva, sin justificación alguna" y que se le "asignó una retribución inferior a la que percibía". Además de que se le sustituyó por una persona ajena a la plantilla, con "aumento de costes de personal".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de marzo de 2010