Ayer ELPAÍS.com mostró un fragmento de la serie Las riberas del mar océano. Su guionista, el catedrático Miguel Ángel Losada, denunciaba presiones del Ministerio de Medio Ambiente para suprimir algunas referencias al consentimiento social y de las instituciones ante la corrupción urbanística en las costas españolas. La serie había sido costeada por el equipo ministerial anterior, dirigido por Cristina Narbona, con 1,2 millones de euros para ser emitida por Televisión Española. Supongo que el Ministerio se sintió autorizado, como un productor al uso, a meter tijera en aquellas escenas que le resultaban incómodas. Parecería un episodio más en la historia del cine salvo por el detalle escatológico de que un ministerio no puede ser Louis B. Meyer o David O'Selznick, por la sencilla razón de que maneja el dinero de todos nosotros y no el suyo propio.
No sé qué le molesta a las autoridades de la referencia textual. Relacionar el estado de nuestro litoral con la corrupción es un recurso para liberar nuestra propia culpa. Te aproximas a ciertas costas españolas y recibes una sacudida estética similar a si te pasaran el rodillo de amasar por la zona genital. Si pensáramos que ese demencial impacto urbanístico es fruto de nuestro gusto, de nuestra falta de cariño al paisaje o de nuestra irracional lujuria económica, sería para echarse a llorar. En cambio juzgamos que ha sido la corrupción empresarial y política la culpable de esos engendros y nos quedamos tan tranquilos. Pillamos a dos o tres responsables de cobrar bajo cuerda, los metemos un rato en la cárcel, luego anulamos las escuchas judiciales y llegamos al sobreseimiento o a la prescripción del delito, y fin de la historia. Es una serie un poco triste, pero es nuestra serie. No la censuren, señores, es el cuento de nuestro desarrollismo.
Como nadie se atreve a emprender la restauración, llegará el día en que la fealdad y el disparate aglomerado junto a la costa nos resulte bello, fotogénico o curioso. Como con la mampara de metacrilato de nuestros padres, terminaremos por reconciliarnos con esa demencia estética y la reconoceremos como parte intrínseca de nosotros. El problema es que la serie no debió pagarla el Ministerio de Medio Ambiente sino la Consejería del Horror. Ahora no existiría disparidad de criterios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de marzo de 2010