El acoso al juez Garzón
El Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso de apelación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la negativa del magistrado instructor de la Sala Penal, Luciano Varela, a sobreseer el proceso abierto por la investigación de los crímenes del franquismo, lo que en la práctica da luz verde a este último para sentar en el banquillo a Garzón y someterle a juicio.
La persecución contra el juez Baltasar Garzón arreció hace poco más de un año a raíz de que el magistrado destapara el caso Gürtel, la red de corrupción en la que resultaron implicados dirigentes del PP de Madrid y Valencia, entre los que destacan el senador y ex tesorero del partido Luis Bárcenas y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
La investigación del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción conocida en democracia vinculada a un partido, en este caso el PP, se ha topado con un obstáculo mayor: la anulación de dos meses de grabaciones de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la red con distintos abogados.
Tras escuchar las explicaciones de Jaume Matas durante más de 15 horas de interrogatorio, el fiscal del caso Palma Arena tiene previsto pedir hoy una fuerte fianza para que el ex presidente balear pueda eludir la prisión.
Tras cuatro semanas de conversaciones discretas, reuniones en el despacho de la vicepresienta económica, muchas llamadas telefónicas e intercambio de papeles, el fruto de la Comisión Zurbano se concentra en 54 medidas. Algunas de alcance inmediato, que aprobará el Gobierno en un Real Decreto; otras de desarrollo en las próximas semanas.
El PSOE reforzó ayer la presión contra el PP por las declaraciones del eurodiputado Jaime Mayor Oreja, que lejos de rectificar insiste en varios medios conservadores en su "certeza" de que el Gobierno está negociando con ETA. La presión llegó del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
El Gobierno llevará finalmente al Parlamento una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para evitar que en las próximas elecciones municipales pueda colarse en las listas ningún partido relacionado con la izquierda abertzale.
El Comité de Garantías del PP decidió ayer mantener la condena de un año revisable de suspensión de militancia para Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. El hecho de que sea revisable hace que el partido pueda devolverles la militancia en cualquier momento.
JESÚS GARCÍA | Barcelona
Una 'mossa d'esquadra' en prácticas y fuera de servicio detiene a un ladrón con ayuda de su madre - El local asaltado ha sufrido 28 robos en 43 años
De sus 56 años, 28 los había vivido en México. De aquí es su esposa y aquí nacieron sus dos hijos. Vivía en la ciudad norteña de Chihuahua, donde era dueño de varios aparcamientos. Y fue en la puerta de uno de sus garajes, llamado King Kong, donde tres desconocidos lo asesinaron el miércoles de varios disparos a bocajarro.