Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer, con el respaldo de todos los grupos, la creación de una comisión de investigación por el caso de los bonos del ferry. La polémica surgió por la adquisición en 1995 de más de 46.500 billetes de la Diputación vizcaína a P&O (la empresa que gestiona el ferry Bilbao-Portsmouth), lo que la UE consideró como una ayuda ilegal. Un juzgado obligó a la empresa a devolver 13 millones de euros a la Diputación y ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. El caso es investigado por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ha constatado que hubo una pérdida patrimonial de 9,7 millones.
La portavoz del PNV, Aizbea Atela, insistió ayer que no ha habido pérdida de dinero y que la comisión debe aclarar dónde están "los bonos físicos". Acusó a algunos grupos de "meter el dedodo en el ojo a la Diputación y crucificar al PNV". Carlos Olazabal (PP) dijo que su partido "no prejuzga absolutamente nada" y opinó que Atela daba "las excusas que nadie le había pedido". Iñaki Egaña (PSE) afirmó que la comisión se crea por "la desaparición de casi 10 millones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de marzo de 2010