La decisión del Gobierno de aplazar la aprobación de las medidas económicas contra la crisis acordadas con los partidos políticos debería considerarse como una excelente oportunidad para que la vicepresidenta Salgado y los ministros de Fomento e Industria, Blanco y Sebastián, que forman la comisión negociadora anticrisis, reflexionen sobre el objetivo y el contenido del pacto que se pretende firmar con la oposición. Pero el Gobierno está más preocupado por conseguir el máximo apoyo al documento con 54 medidas (nada menos) que ahora quiere plasmar en un real decreto. Está claro que Salgado, Blanco y Sebastián temían no contar con ese apoyo y por esa razón se abre una nueva negociación al menos hasta el 9 de abril.
El Gobierno se está enredando otra vez en una madeja de presiones e intereses que le alejan progresivamente del objetivo inicial: un pacto de Estado con implicación de los grandes partidos en las medidas inmediatas y de largo alcance para reducir con urgencia el desempleo y reforzar la solvencia de las finanzas públicas españolas en el exterior. Hasta ahora, lo único que ha hecho la comisión anticrisis es trasladar los debates económicos desde el Congreso al palacio de Zurbano; allí, siguiendo los mismos métodos que en la plaza de las Cortes, se han conseguido acuerdos parciales (aplicar el IVA reducido a la rehabilitación de vivienda y superreducido para dependencia, nuevas líneas financieras del ICO); y allí han aparecido las mismas mañas negociadoras de los partidos, que conceden o imponen medidas fragmentarias a cambio de ventajas para sus clientes y electores. Con el agravante del desconcierto político que producen los anuncios de acuerdo, los desmentidos, las prisas de hoy y los aplazamientos de mañana.
Pero conseguir un apoyo parlamentario sobre decisiones que pueden aprobarse en el ejercicio parlamentario habitual no es un pacto contra la crisis. Si Rodríguez Zapatero quiere uno, necesita que el PP y los dos o tres grandes partidos del país respalden públicamente y se comprometan con el Plan de Austeridad (también en la Administración central) y apoyen las reconversiones y fusiones de las cajas de ahorros, paradas por la resistencia de los poderes autonómicos. Nada de eso se ha hecho hasta hoy ni se espera que se haga; el PP no va a conceder esa ventaja. Una votación favorable más en el Congreso con la ayuda política de CiU y quizá el PNV es mejor que nada, pero no es un pacto de Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de marzo de 2010