La Junta de Andalucía ha sancionado por falta grave a las empresas responsables de la construcción del túnel de Quejigares, en uno de los tramos del AVE que unirán Granada y Málaga, por los vertidos al arroyo de La Viñuela. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Dragados y Tecsa ha paralizado los trabajos de excavación en dicho túnel hasta que se "aclare oficialmente" si existe afección medioambiental. Lo hace de forma unilateral y sin haber recibido orden de cese de actividad ni denuncia alguna por parte de las autoridades competentes, según informó ayer en una nota, en la que precisa que la paralización se produjo el pasado lunes.
La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, comunicó precisamente ayer la resolución del expediente sancionador a la UTE y en él se impone una multa que puede llegar hasta los 30.000 euros. Dicho organismo lo remitió tras conocer el resultado de las investigaciones de la Guardia Civil donde se da cuenta de la contaminación de tierras que alcanzó al arroyo de La Viñuela. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) constató, y también la guardería fluvial, que existe una "afección evidente de la calidad del agua".
Limpieza del daño
El expediente también incluye la obligación de abonar los daños ocasionados al dominio público hidráulico y retirar las tierras contaminadas procedentes de la extracción por parte de la tuneladora que puedan aún continuar amontonadas y limpiar la zona de almacenamiento. El producto lubricante utilizado para evitar que el lodo se adhiera al tubo de la tuneladora provoca una espuma que ha llegado hasta el río Salado.
El Ministerio de Fomento sostuvo ayer que los controles que desarrollan tanto Dragados-Tecsa como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "no han evidenciado en ningún momento la presencia de sustancias que puedan provocar una afección medioambiental" y que los productos empleados para la excavación del túnel son "biodegradables" y de común uso en este tipo de obras sin que supongan riesgo alguno para el entorno, si bien el Seprona halló en las muestras tomadas en enero niveles de sustancia química que cuadruplican lo permitido por ley.
La Junta exige que "las tierras contaminadas procedentes de la extracción" sean gestionadas por una empresa autorizada para tales tareas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de abril de 2010