Hace cuatro años, el 30 de marzo de 2006, fue aprobado en el Congreso de los Diputados el nuevo Estatuto de Cataluña. Posteriormente fue refrendado por el pueblo catalán, aunque de cada ocho votantes, sólo tres votaron a favor, mientras que uno votó en contra y cuatro se abstuvieron. El texto contiene aspectos controvertidos, como la obligación de saber catalán para todos los españoles que vivan en Cataluña (obligación que 20 años antes, en el caso del gallego en Galicia, ya fue declarada inconstitucional), pero seguimos pendientes del refrendo definitivo por parte del Tribunal Constitucional.
Recuerdo haber leído que cuando los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina se demoraban mucho en la elección del nuevo Papa, el pueblo romano les encerraba y les negaba la comida, y así conseguía que en pocos días tomaran una decisión. Propongo que se bloqueen las nóminas de los 12 magistrados del TC hasta que se definan de una vez y sentencien en qué puntos el Estatut vulnera nuestra Carta Magna. Su prolongado silencio ya trasluce desidia y desprecio al pueblo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de abril de 2010