¿Es posible que en un Estado democrático el máximo tribunal pueda dar amparo a una pretensión que muchos españoles de hoy consideran ultrajante y difícilmente compatible con los valores democráticos? En España sí es posible. Entonces habrá que preguntarse si España es un Estado democrático.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de abril de 2010