"Se trata de un tema que no se puede resolver con una simple resolución administrativa y que los responsables se vayan de rositas", decía el pasado noviembre la asociación ecologista Adega. Varios meses después, la Fiscalía suscribe esta opinión con una denuncia al director de Avaliación Ambiental que dio el visto bueno al proyecto. Avala así las tesis de la organización, en guerra contra la planta de Rinlo desde 2005.
Hace cinco años los ecologistas bloquearon las obras tras la autorización que concedió el Gobierno en funciones de Manuel Fraga. El resultado fue una demanda por daños y perjuicios que el juez rechazó. Pero la batalla judicial tuvo otros episodios. Con la llegada del bipartito en 2005, la Dirección Xeral de Conservación da Natureza señaló que la obra debería suspenderse por las discrepancias entre los informes de impacto de la empresa promotora y la Xunta. Las obras siguieron hasta que un juzgado de Lugo las paralizó.
El alcalde de Ribadeo en la época, el socialista Balbino Pérez, defendió el proyecto desde el principio y otorgó la licencia municipal de obra. Adega la tachó de ilegal y denunció a Pérez por prevaricación. El juez desechó la acusación.
Pero las dos resoluciones que inclinaron la balanza a favor de Adega las emitió el pasado otoño el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La primera anuló la declaración de impacto ambiental y la licencia municipal, la segunda vetó el proyecto sectorial que aprobó in extremis el ejecutivo de Fraga. En ambos casos, la afectación de la Red Natura fue el argumento utilizado por los magistrados, que tildaron de "inaceptable" el plan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de abril de 2010