La Mancomunidad de San Marcos, que agrupa a los ayuntamientos de Donostialdea, con más de 300.000 habitantes, controlada por EB y la ilegalizada ANV, decidió ayer sumarse al llamado Pacto de Usurbil, que reclama al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa una moratoria de seis años en la construcción de la incineradora de Zubieta.
La mancomunidad, la mayor de Guipúzcoa, celebró ayer una junta en la cual suscribió todos los principios de dicho pacto, firmado el pasado marzo en San Sebastián para impulsar la recogida selectiva de la basura y rechazar el proyecto de la incineradora. La entidad apuesta por ampliar a toda la provincia los programas de recogida de residuos puerta a puerta, como el que se desarrolla en Usurbil, y abogó por "aprovechar la oportunidad para mantener al territorio en la senda de la innovación y liderazgo social".
"Las soluciones al problema de la gestión de residuos deben anteponer la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración", aseguró la mancomunidad en un comunicado, en el que, no obstante, reconoce que se deben considerar también aspectos como el medio ambiente, la economía y los puestos de trabajo.
La junta también aprobó los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Hernani y Oiartzun (ambos de ANV) para impulsar "una estrategia de fomento de la recogida selectiva de residuos" mediante el sistema puerta a puerta similar al de Usurbil. Los consistorios de Astigarraga y Renteria han recurrido al Contencioso para pedir la anulación de los acuerdos de Hernani. Los denunciantes creen que la presidencia de la mancomunidad no está defendiendo los intereses generales de la entidad al respaldar la "actuación unilateral" de Hernani.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de abril de 2010