La versión del caso Gürtel que el ciudadano puede encontrar en la página web del PP recuerda a los meses del verano pasado, en los que el partido acusó de prevaricadores a jueces, fiscales y policías por investigar su corrupción, e incluso llegó a afirmar que el Gobierno ordenaba escuchas ilegales a sus dirigentes. En ese argumentario se explica que "el sumario es hasta ahora una acumulación de informes policiales ya conocidos y muchos desechados por la justicia".
A continuación, se dice: "Todos los informes policiales parten de la misma unidad, la UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que dirige directamente [el ministro Alfredo Pérez] Rubalcaba a través de [el comisario] José Luis Oliveras. Es la misma unidad que ha hecho informes policiales desestimados por la justicia contra otros dirigentes regionales del PP en Canarias, Murcia, Valencia y Ayuntamientos de Andalucía. En todos los casos fueron archivados por la Justicia".
Entre esos informes, el PP cita aquel en el que la policía demuestra el reparto de comisiones sacadas de una adjudicación en la autopista de Olleros de Alba (León). Los populares afirman que "no ha sido tomado en consideración", cuando el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado todos los contratos de la Junta de Castilla y León con esa constructora.
El ciudadano se puede descargar otro documento llamado Caso Gürtel: Los hechos, en el que se detalla la situación disciplinaria de los imputados. En el caso de Alberto López-Viejo, se afirma que "deja su escaño en la Asamblea de Madrid". El ex consejero de Presidencia sigue siendo diputado, como otros dos imputados, en los que no se comete ese error.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de abril de 2010