Los casos de pederastia en la Iglesia y la reacción de su jerarquía tienen innumerables aspectos terribles, psicológicos, religiosos y morales. Desde un punto de vista político, social y del Estado de derecho, sin embargo, lo más grave, lo verdaderamente increíble, lo jurídicamente inadmisible, es algo apenas comentado por la opinión y los poderes públicos. En todas las reacciones y defensas de los dirigentes eclesiásticos y sus adláteres, nunca, jamás, han negado que la Iglesia se atribuía el derecho de no hacer públicos los crímenes, impidiendo por tanto denunciarlos a la justicia ordinaria y "juzgándolos" dentro de "su" derecho canónico. O sea, una asociación que oculta, ampara y encubre criminales, atribuyéndose la potestad de "juzgarlos" según sus propios códigos de conducta al margen del sistema judicial del Estado. Eso es una aberración social y política de tal calibre, que cualquier otra asociación cuyas normas y dirigentes incitaran a ello sería inmediatamente declarada ilegal y disuelta. Pero la existencia de una asociación que institucionaliza tal delito es un atentado de tal calibre contra los fundamentos más básicos del Estado de derecho que ningún Gobierno puede seguir permitiéndolo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de abril de 2010