Los dos principales imputados por las supuestas irregularidades económicas de la Zona Franca gaditana han seguido caminos dispares. El que fuera delegado del PP, Manuel Rodríguez de Castro, cesó en su cargo en febrero de 2001. Como él mismo ha relatado, continuó en el PP como secretario de la comisión nacional de Vivienda, Suelo y Urbanismo del partido hasta 2004. Según él, abandonó voluntariamente tras la derrota popular del 14 de marzo.
Desde entonces se volcó en sus negocios privados en Miami y Panamá. En su currículum en Internet presume de trabajar para el grupo Elektra, Iusacell y el Fondo de Pensiones Afore Azteca. También dice que pertenece al consejo de administración de una empresa asiática de tecnología, de la que no desvela el nombre. Además, asegura que gran parte de sus ingresos los dedica a fundaciones de investigación sobre el cáncer y a la educación de niños en el Tercer Mundo. La última vez que compareció públicamente en España fue en 2006, cuando tuvo que declarar en Cádiz. Entonces dijo seguir vinculado al PP y ser amigo de la alcaldesa, Teófila Martínez.
Manuel García Gallardo no se ha marchado de Cádiz. "Podía haberlo hecho pero preferí seguir generando empleo en mi tierra", asegura. García Gallardo montó la empresa de platos precocinados Brâssica, con 1.075 trabajadores según el empresario, beneficiaria de numerosos contratos públicos en cuarteles, colegios y hospitales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de abril de 2010