La nueva dirección de Astilleros de Sevilla activó la pasada semana las garantías adicionales que contenía el acuerdo de privatización de las atarazanas suscrito en 2006 por la antigua Izar y los sindicatos, cuando la empresa pública decidió vender las factorías de Sestao, Manises, Gijón y Sevilla. Estas medidas incluían la posibilidad de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 183 de los 246 trabajadores actuales de la factoría sevillana, y contempla prejubilaciones para más de 80 de ellos, salidas indemnizadas y recolocaciones.
Este ERE fue presentado por la compañía el pasado martes, en plena Feria de Abril, y cuando la Junta busca desesperadamente una salida para el astillero sevillano, sobre el que pesa una delicadisima situación económica, financiera, y productiva.
Junto al ERE, al que se ha opuesto el comité de empresa y que será negociado durante los próximo 30 días, se encuentra en debate una regulación temporal de empleo pactada en este caso con los trabajadores. Casi cuatros años después de la privatización de los astilleros de Sevilla, Sestao Manises y Gijón, el balance es desolador: sólo la factoría vizcaína ha sido capaz de seguir con su actividad industrial.
El centro de motores de Manises fue directamente a la liquidación y sus 128 trabajadores se acogieron a las medidas de protección. Por su parte, el astillero de Gijón, que fue adjudicado a la viguesa Factorías Vulcano, lleva en situación concursal desde mediados de 2009, situación a la que está abocado el de Sevilla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de abril de 2010