El plan para acabar con las 15.001 viviendas ilegales de Chiclana (Cádiz, 77.293 habitantes) arrancó ayer con los trámites y obras para que estas casas puedan contar con servicios públicos como el alcantarillado o el agua corriente. Algunos propietarios de las casas ilegales han paralizado en sus calles los trabajos previos de instalación de tuberías pues no están dispuestos a pagar los precios que marcan las ordenanzas municipales: entre 1.000 y 4.000 euros de partida, y después entre 17 y 33 euros por metro cuadrado construido.
Para poder regularizar las viviendas el Ayuntamiento ha dividido el extrarradio de la ciudad en nueve áreas de gestión básica con un total de 18 millones de metros cuadrados, donde en las últimas décadas se levantaron todas estas edificaciones. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las ordenanzas supone el arranque de la regularización. Desde ayer, propietarios de casas y empresas instaladas en estas áreas de gestión básica ya pueden solicitar iniciar el proceso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de abril de 2010