La Sala de Gobierno del Tribunal Superior acordó ayer pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se establezcan "garantías" en el convenio que firmó con el Consejo General de la Abogacía para la emisión de informes en torno a los procesos de selección para cargos discrecionales. La solicitud llega una vez "visto el uso" que del acuerdo ha hecho el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, quien en marzo pasado remitió un escrito al Poder Judicial en el que cuestionaba la idoneidad del candidato conservador Juan Pablo González para presidir la Audiencia de Guipúzcoa.
El alto tribunal, que ya en su momento consideró que Oleaga había empleado descalificaciones personales no fundadas en actuaciones profesionales, entiende ahora que se debe desarrollar de forma pormenorizada el procedimiento para realizar los informes sobre nombramientos de miembros de la carrera judicial.
En su escrito, Oleaga acusó a González de mantener "actitudes de trasfondo claramente político, alejadas de la prudencia" que debería exigirse a una persona de su cargo. Se refería a su polémica etapa como juez decano de Bilbao y vocal del Poder Judicial, cuando, en su opinión, mostró "un evidente alejamiento de las instituciones democráticamente elegidas en Euskadi, e incluso de la realidad social y cultural del país".
A las críticas del alto tribunal vasco precedieron la pasada semana las del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. La agrupación mayoritaria de jueces propuso al Superior que plantease al CGPJ corregir de forma urgente la "manifiesta vaguedad" de la regulación de los citados informes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de mayo de 2010