En una insólita iniciativa como acusación popular en el caso Gürtel, el PP recurrió ayer el auto firmado por el juez Antonio Pedreira pidiendo la identidad de los máximos responsables de 17 departamentos de la Comunidad Valenciana, entre ellos la presidencia y la vicepresidencia, que adjudicaron contratos sin respetar las normas a empresas de la trama corrupta.
La maniobra, que medios jurídicos consideran dudosa desde el punto de vista procesal, revela que el PP está dispuesto a activar todos sus recursos para evitar que el presidente autonómico de una región clave caiga por corrupción.
La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, defendió ayer a Camps, pero al ser preguntada acerca de qué pasará si el día 12 los jueces le mandan a juicio, respondió: "El 12 de mayo hablaremos".
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de mayo de 2010