El agujero contable de la aceitera Fedeoliva, que acabó con la liquidación de la sociedad y dejó deudas de 44 millones de euros a unos 7.000 olivareros de 80 cooperativas, no va a tener responsabilidad penal. El Juzgado de Instrucción 1 de Jaén ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las acciones penales contra los antiguos gestores de la aceitera, que fueron denunciados por apropiación indebida y estafa al responsabilizarlos los oleicultores del agujero de 44 millones durante el proceso de comercialización de aceite de oliva a Estados Unidos.
El juez considera que el fiasco de Fedeoliva se debió a una "poco acertada gestión empresarial" y concluye en que "no hay indicio alguno de la presunta comisión de un delito contra el patrimonio sea de la clase que sea". Además, el auto judicial subraya que no queda acreditado que los gestores falsearan las cuentas u otros documentos, ni que impusieran acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno. El juez recuerda que los presidentes de las cooperativas integradas en Fedeoliva tenían acceso a los acuerdos que se adoptaban.
La causa penal, que puede ser recurrida ante la Audiencia, se dirigía contra el ex presidente de Fedeoliva, Manuel Villar, el vicepresidente, Santiago Abril, y el ex responsable de la comercializadora Expafe, Pedro Lanagrán, y fue interpuesta por nueve de las 15 cooperativas que participaban en la exportación de aceite. Mientras, el procedimiento civil se saldó en 2007 con penas de entre dos y 15 años de inhabilitación para administrar los bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier individuo para nueve gestores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de mayo de 2010