El recorte en gastos ministeriales va a provocar la desaparición de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Una medida que supone un ahorro económico apenas apreciable y que, sin embargo, devalúa considerablemente nuestra institución. Somos un organismo público de investigación (OPI) autónomo y perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, con un presupuesto anual de 100 millones de euros y 850 trabajadores dedicados a la I+D+i agraria y alimentaria en cuatro centros propios, tres centros mixtos y seis departamentos.
Consideramos que esta decisión afecta no sólo al progreso de la ciencia en España, sino que perjudica el prestigio nacional e internacional de nuestra institución, y lesiona su eficiencia administrativa contrariamente a lo que pretende esta medida.
De producirse esta eliminación, la persona al frente del INIA estará en clara inferioridad en su relación con los directores generales de la AGE y otras instituciones internacionales y nacionales, lo que supone un claro agravio comparativo frente a otros OPI (organismos públicos de investigación). Además, se menoscaba gravemente la cohesión y coordinación de la investigación agroalimentaria en España, y su participación y cooperación en foros internacionales en los que es necesaria una presencia vigorosa y eficaz.
El INIA no sólo investiga, sino que gestiona la investigación agroalimentaria de toda España, al coordinar los subprogramas del Plan Nacional de I+D+i en colaboración con las comunidades autónomas. Y desempeña también una importante labor de participación en organismos internacionales de I+D+i agroalimentaria, en especial el Sistema INIA de Iberoamérica.
Resulta lamentable que un Ministerio de Ciencia e Innovación suprima direcciones generales de organismos públicos de investigación que apoyan la nueva economía basada en el conocimiento y en áreas estratégicas como la agroalimentaria y medioambiental.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de mayo de 2010