El abogado Fernando del Valle, principal acusado en el caso Ballena Blanca sobre blanqueo de capitales, aseguró ayer en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Málaga que su despacho hacía las comprobaciones y verificaciones pertinentes para identificar a sus clientes. Del Valle se defiende así de la tesis del fiscal anticorrupción, que considera que el bufete de Del Valle ofrecía a los clientes la posibilidad de ocultar su identidad y su patrimonio, obtenido de forma ilícita, constituyendo sociedades pantalla.
El abogado de origen chileno concretó que el procedimiento "estándar" de su despacho era solicitar al cliente una fotocopia del pasaporte. "Pero no una fotocopia cualquiera, sino legalizada por el consulado de su país o ante notario", precisó Del Valle. El letrado afirmó que no tenía conocimiento de que alguno de sus clientes tuviera antecedentes penales, en algunos casos por delitos tan graves como narcotráfico.
En la sesión de ayer se examinó la relación del bufete de Del Valle con Sophiane Hamblí, condenado en Francia por tráfico de drogas y también imputado en el caso Ballena Blanca. Una secretaria del despacho de abogados, que sólo cursó hasta Bachillerato, afirmó que fue Del Valle quien decidió que figurara como propietaria del 1% y administradora de una sociedad de Hambli.
Del Valle manifestó que en dos casos de clientes concretos tuvo "sospechas" de que el dinero que entraba en la cuenta del despacho para las sociedades que gestionaba el bufete pudiera tener origen ilícito. En uno de los casos, el cliente ingresó el dinero sin avisar al despacho, por lo que Del Valle comunicó al movimiento al Banco de España, que no tomó medidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de mayo de 2010