El juzgado número 1 de Alicante ha abierto diligencias por un presunto delito fiscal de unos seis millones de euros en una operación urbanística de la promotora Hansa Urbana y el contratista Enrique Ortiz, relacionada con la venta de suelo en un PAI en la playa de San Juan de Alicante. La investigación judicial comenzó a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que detectó un supuesto fraude en el impuesto del IVA de 6.105.247 euros en la mencionada operación de compraventa de suelo.
Hacienda envió el informe a la fiscalía de Alicante. El ministerio público, tras observar indicios de un posible delito de falsedad y contra la Hacienda Pública, remitió las diligencias al juzgado. La fiscalía solicita que declaren como imputados el máximo responsable de Hansa Urbana, el empresario Rafael Galea, el contratista Ortiz y un tercer promotor, Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en el programa urbanístico. El juez no ha adoptado aún ninguna resolución.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de mayo de 2010