La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que ha investigado el caso Glass aprobó ayer por unanimidad el informe de conclusiones sobre el presunto fraude cometido por la empresa Glass Costa Este Salou a la Agencia Tributaria al beneficiarse de ventajas tributarias tras falsear su domicilio fiscal.
Los partidos políticos concluyen que la Hacienda guipuzcoana se convirtió en "un coladero" fiscal para muchas empresas hasta 2003, año en que Víctor Bravo fue destituido como director de Hacienda. El informe detalla que Bravo, imputado en el procedimiento judicial abierto, inspeccionó un total de 145 expedientes fiscales de empresas, incluida Glass Costa Este Salou, a las que supuestamnete podría haber concedido un trato de favor.
La comisión de investigación espera que antes de que concluya este mes se encuentren fijadas las eventuales responsabilidades políticas del caso, que posteriormente serán debatidas por el pleno de la Cámara foral. El socialista Julio Astudillo, presidente del grupo de trabajo, se felicitó por el "alto" grado de consenso alcanzado entre sus integrantes, "sin perjuicio de algún voto particular de carácter puntual".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de mayo de 2010