El Tribunal de Cuentas sigue constatando irregularidades en las contrataciones del Gobierno vasco. El informe correspondiente a 2008, el último ejercicio completo con Juan José Ibarretxe al frente del Ejecutivo, censura que se aprobaron partidas por 16,6 millones de euros con el informe negativo de la Oficina de Control Económico.
Las anomalías se refieren a que los contratos se adjudicaron a dedo, se prestó el servicio una vez vencido el plazo estipulado y hubo fraccionamientos de los mismos, lo que evita un mayor control. Dicho gasto corresponde mayoritariamente a contratos de obras (11 expedientes por 8,3 millones), seguidos de otros 41 de asistencia técnica y consultoría con un importe total de 6,9 millones. El resto son suministros y subvenciones.
El órgano fiscalizador señala además que se concedieron 18,8 millones en subvenciones directas, "incumpliendo los requisitos de excepcionalidad" y destaca cuatro contratos de obras (tres de construcciones de viviendas protegidas en Barakaldo y Bergara y el otro, la ampliación del puerto de Mutriku), en los que se modificó el precio inicial entre un 44% y el 76%, lo que vulnera la legalidad. El Ejecutivo alega que se debió a cambios en los proyectos originales.
Sobre la situación financiera, el Tribunal de Cuentas destaca la disminución del remanente de tesorería en un 28% con respecto a 2007. Aconseja que, aunque representa aún el 20% de los ingresos corrientes, se debe realizar una adaptación de los gastos a los ingresos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de mayo de 2010