Dentro de tres meses, Rafael Ricardi dejará de percibir su ayuda al desempleo. A partir de entonces, el hombre que pasó 13 años en prisión condenado por una violación que no cometió, se quedará sin ingresos. Su solicitud al Ministerio de Justicia, al que ha pedido 10 millones de indemnización por el error judicial, sigue sin respuesta.
El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con quien se reunieron ayer los abogados de Ricardi, se ha comprometido a mediar ante Justicia, para exigir celeridad en el pago, y ante los servicios sociales de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde vive el hombre, para que busquen alguna ayuda a la que se pueda acoger.
Su abogada, Antonia Alba, se queja de que la lentitud del Ministerio y de la Audiencia Provincial de Cádiz y el Tribunal Supremo, que deben remitir informes para que la solicitud de Ricardi sea tramitada, ha dejado a su defendido en una situación "desesperada". "¿Qué pretenden, que tenga que robar para comer y así justificar que es un delincuente y que, tarde o temprano, habría acabado en la cárcel? Rafael nos pregunta qué pasaría si tuviera que robar para su familia, si le irían descontando la pena de los 13 años que ya pasó en prisión. Y no le podemos dar explicaciones", relata Alba.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de mayo de 2010