Julián Sánchez Alegría dijo ante el juez Roberto Ramos que desconocía el sistema seguido en la firma de contratos para la adjudicación de servicios y de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), a pesar de que era el máximo responsable de este tipo de centros en todo Euskadi, dependiente del Departamento de Industria del Gobierno vasco. Así se desprende de las investigaciones recogidas en el sumario que ya obra en poder de las defensas de los once imputados en el denominado caso De Miguel.
Siempre en sede judicial, Sánchez Alegría se ha querido desvincular de toda relación con la gestión en el Parque Tecnológico de Álava. Incluso cuando se le presentaron varios contratos firmado y algunos documentos recopilados por la investigación, el ex director de la red dijo que los desconocía. El poder de este imputado en el sector de Parques Tecnológicos y en el organigrama de la Spri era innegable. Incluso le avalaba su remuneración como quedó de manifiesto en la indemnización concedida tras su relevo ya que percibió la segunda cantidad más elevada (128.692 euros), según decidió Industria.
Arriola dijo a los socialistas antes de irse que podía ser su rival en las urnas
Quizá la situación más comprometida para Sánchez Alegría, actual consejero delegado de la empresa OWL Genomic, situada en el Parque Tecnológico de Zamudio, fue cuando Ainhoa Alberdi le pidió explicaciones sobre la exigencia de Alfredo de Miguel para que le abonara 120.000 euros, correspondientes a una comisión pendiente de abono por parte de Urbanorma.
En ese encuentro bastante tenso, y a pesar de que Ainhoa Alberdi y Sánchez Alegría firmaron juntos el 13 de noviembre de 2006 un contrato de prestación de servicios para la compra de fincas en Miñano, el director de la red ahora imputado no dio respuesta alguna a Alberdi. Sánchez Alegría había firmado el convenio en representación del Parque Tecnológico de Álava, aunque esta entidad tenía su propia estructura. Pese a conocer las condiciones del acuerdo, no mostró su sorpresa cuando se le advirtió de la exigencia del pago de una comisión por parte de una persona ajena, aunque ocupara el cargo de diputado foral. Como ya adelantó EL PAÍS, Sánchez Alegría no presentó denuncia ni abrió investigación alguna, limitándose, en cambio, a poner en antecedentes a De Miguel sobre la indignación de Alberdi.
Mientras se sustancian las pesquisas judiciales recogidas en el sumario, desde la nueva dirección de Parques Tecnológicos del Gobierno vasco se guarda silencio. Según fuentes oficiales, "hasta ahora nos hemos limitado a cumplir con los requisitos que nos han marcado desde la investigación" que se circunscriben, eso sí, al parque de Miñano. En la red, admiten que fueron requisados los ordenadores y correos electrónicos de la cúpula del parque alavés.
En este entorno se destaca que ante la renovación de directores se advirtió un perfil más político en el caso de Alfonso Arriola, que en algunas conversaciones con los futuros responsables antes de ser destituido aventuró que "en un futuro podemos ser rivales en las urnas", aludiendo así a su hipotética designación como candidato del PNV alavés.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de mayo de 2010