El actual diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y su antecesor, Josu Bergara, ambos del PNV, serán citados por la comisión de investigación abierta en las Juntas Generales de Vizcaya sobre el caso de los bonos del ferry Pride of Bilbao. La comisión foral acordó ayer su plan de trabajo, que prevé la comparecencia de casi 40 personas, la mayoría altos cargos y funcionarios de la Diputación.
Este caso, que ha motivado que el Legislativo provincial constituyan la primera comisión de investigación de su historia, salió a la luz el pasado año. El PP llevó a la fiscalía la desaparición de un total de 35.707 bonos de viaje que la Diputación de Vizcaya compró en 1995 a la naviera P&O, encargada de la línea que une el Puerto de la capital vizcaína con Portsmouth (Reino Unido).
Después de que la UE considerase esta compra ayuda de Estado, un juzgado obligó a ambas partes a devolverse las subvenciones y los bonos. La Diputación no pudo restituir los 35.000 billetes, lo que le supuso una pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros, según constató en su día el Tribunal Vasco de Cuentas.
La comisión, que ayer celebraba su tercera reunión, acordó que, además de Bilbao y Bergara, comparezcan todos los diputados de Transportes y Hacienda desde 1995, letrados forales y externos, los presidentes del Tribunal Vasco de Cuentas en estos 15 años y los directores de la naviera. A petición del PNV, deberán declarar también dos miembros de la propia comisión: los junteros Carlos Olazábal, del PP, y José Ferrera, de Ezker Batua.
También se concretó la documentación que pedirá la comisión foral, presidida por Joseba Gezuraga, de EA. Está dividida en cuatro bloques: los procesos judiciales del caso, la investigación interna de la Diputación, los informes del Tribunal Vasco de Cuentas y las comparecencias al respecto registradas en las Juntas Generales desde 1995.
La intención es que las comparecencias comiencen a primeros de junio. No está determinado su orden, aunque se empezará por orden cronológico, a partir de 1995. La comisión pretende celebrar una o dos reuniones semanales con dos o tres declarantes por sesión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de mayo de 2010