Los ayuntamientos se encontraron ayer con la sorpresa de que el decreto publicado en el BOE con las medidas extraordinarias para reducir el déficit público prohíbe a los gobiernos locales pedir créditos desde las 0.00 horas de hoy hasta 2012. La restricción generó estupefacción e indignación entre los municipios y algunos reaccionaron a la velocidad de la luz. El Ayuntamiento de Sant Cugat se adelantó a la prohibición y firmó ayer un crédito por 16,1 millones de euros. Las diputaciones de Tarragona y Lleida hicieron lo propio con otros por valor de 21,7 y 20 millones, respectivamente.
La decisión generó un fuerte impacto tanto en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), próxima a los socialistas, como en la Asociación de Municipios (AMC), de orientación convergente. El recorte deja de hecho atados de pies y manos a los consistorios porque la obra pública la financian a través de créditos. Los ayuntamientos están fuertemente endeudados, pero carecen de déficit, y en lo que queda de ejercicio y durante 2011 no podrán pedir pólizas. Faltan por resolver interrogantes, por ejemplo sobre la Ley de Barrios, financiada al 50% por la Generalitat y los ayuntamientos.
Tras conocerse el decreto, el Ayuntamiento de Sant Cugat puso en marcha la máquina administrativa a toda velocidad y convocó al mediodía un pleno extraordinario para aprobar con urgencia la contratación de créditos con diferentes bancos. En concreto, cuatro operaciones que ya estaban en trámite y cuyas cláusulas se estaban acabando de redactar. Los créditos suman 16,1 millones de euros, que se destinarán a costear inversiones ya previstas en los presupuestos municipales de 2010, como equipamientos municipales y obras de urbanización. La operación fue aprobada con los votos de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra (ERC). El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa (ICV-EUiA) se abstuvieron. El Partido Popular (PP) no asistió al pleno.
Con estas nuevas contrataciones, la ratio de endeudamiento de Sant Cugat pasa del 70% al 85% (el límite máximo que establece la ley es del 110%). El alcalde, Lluís Recorder (CiU), calificó de "despropósito" la medida del Ejecutivo español porque deja sin margen de maniobra a los municipios y no tiene en cuenta el nivel de endeudamiento de cada población.
Angel Ros, alcalde de Lleida, no convocó ningún pleno, pero criticó el decreto. "Si el endeudamiento se limita o se anula, limitamos las inversiones municipales, que es lo que crea actividad económica y empleo. Nos preocupa que se aplique café para todos", concluyó Ros. El republicano Jaume Gilabert, presidente de la Diputación de Lleida, dijo en tono casi apocalíptico: "Me temo que estamos ante la situación más crítica que se ha vivido nunca en el mundo local en la democracia". Y añadió: "Tendrá unas consecuencias terribles. Nadie sabía nada hasta que ha salido el decreto, con el agravante de que en Barcelona y otras ciudades catalanes es festivo". En la Diputación de Tarragona, todos los partidos votaron a favor de pedir una póliza que servirá para financiar, entre otras cosas, obras en cinco carreteras. "Han cerrado el grifo municipal", lamentó su presidente, Josep Poblet.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de mayo de 2010