El Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao ha elevado de 20 a 52,4 millones de euros las medidas cauteleres contra Jabyer Fernández, dueño de Iurbenor, en atención a la demanda de la Diputación de Vizcaya y a la que se adhirieron los tres administradores concursales, según un fallo que se conocerá hoy tras la vista celebrada el pasado 12 de mayo. La defensa de Fernández anunció ayer que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Vizcaya el fallo dictado por el juez Iñigo Carlos Martínez Aspiazu porque lo considera "desproporcionado e inaudito en la justicia de este país".
La petición de medidas cauteleras por la vía mercantil no puede aislarse de la demanda de prisión preventiva solicitada, también por la Diputación, en compañía del actual consejo de Iurbentia, contra Jabyer Fernández y que fue desestimada la pasada semana.
Inicialmente, el juez Edmundo Rodríguez fijó unas medidas cauteleras de 20 millones de euros, que no fueron recurridas por Iurbenor. Tras incorporarse a la Audiencia de Álava, Rodríguez fue sustituido por Martínez Aspiazu, quien ha elevado la cantidad imputable a 52,4 millones de euros, que es la resultante de todo el importe del IVA pendiente de pago por Iurbenor tras la venta del suelo de la promoción inmobilairaia de Barakaldo Puerta de Bilbao, más los intereses correspondientes al retraso en el devengo y a la multa consiguiente de Hacienda.
Para la defensa de Fernández, esta "medida cautelar desproporcionada" puede incidir de manera negativa en la suerte económica de las empresas del grupo Afer y asienta, de paso, la demanda de la Diputación de asociar insolvencia punible a este grupo de construcción que se libra en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. En definitiva, el nuevo fallo viene a decir que es imposible que Iurbenor devuelva el dinero del IVA pendiente de pago, admitiendo que carece del activo suficiente. En este sentido, la defensa recuerda la delicada situación financiera de Residere y la económica de Fonorte, asegurando: "Nos deja indefensos".
No obstante, la defensa de Fernández recuerda que esta resolución adversa no incluye como activos de Iurbenor para afrontar los posibles pagos las acciones de Habidete, sociedad de su propiedad que precisamente firmó con la Diputación de Vizcaya el convenio para la construcción de viviendas modulares y cuyo retraso abrió las agrias disputas entre el dueño de Afer y José Luis Bilbao, diputado general.
Este nuevo episodio judicial surge del informe que los tres administradores concursales redactaron el pasado enero y que ya adelantó EL PAÍS
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de mayo de 2010