La investigación judicial del 'caso Gürtel'
No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado.
Las empresas del presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez, también aparecen implicadas en la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. Según el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular.
La conmoción se apoderó ayer de nuevo de los populares valencianos. Apenas 72 horas después del mitin celebrado en Valencia para aclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de celebrar el tercer aniversario de su última victoria electoral, el auto del juez Antonio Pedreira les devolvió a una pesadilla llamada Gürtel, de la que no logran despertar desde hace más de un año.
El PP está en ebullición, y casi todos los dirigentes tienen su propia opinión sobre cómo ha de resolverse el caso Camps. En privado, hay casi unanimidad: tiene que irse cuanto antes para no perjudicar al partido, una vez comprobado que la situación judicial no para de empeorar.
El mayor plan de ajuste de la democracia
Hoy es el día en que el futuro de Zapatero como presidente pende de un solo voto. Todos los ministros han sido alertados y los diputados socialistas advertidos seriamente de que a partir de las nueve de la mañana deben estar en sus escaños para la que, probablemente, será la votación más trascendente de la legislatura: la de la convalidación del decreto con los recortes sociales.
De todos en el PP es conocida la afición de Mariano Rajoy por dejar todas las decisiones para el último minuto. Hasta ayer no se confirmó definitivamente que el principal partido de la oposición, pese a las presiones que ha recibido del mundo financiero, votará finalmente no al decreto de los recortes en lugar de abstenerse.
Hay alternativa para recaudar una cantidad importante de dinero sin necesidad de bajar el sueldo a los funcionarios, ni congelar las pensiones en 2011. Tampoco son necesarias el resto de las medidas para recortar el déficit que ha propuesto el Gobierno.
Los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo fianza por su implicación en el caso Pretoria de supuesta corrupción urbanística, realizaron diversas presiones a dos consejeros socialistas de la Generalitat catalana para beneficiar a una inmobiliaria a cambio de suculentas comisiones de la beneficiaria.
El concejal socialista Juan Fernández Rosillo fue fusilado en agosto de 1936 en la tapia del cementerio católico de Granada. Como él, al menos 3.968 personas más perdieron la vida en ese paredón improvisado: una pared de ladrillo y yeso de 2,5 metros de altura que aún conserva los impactos de las balas.
