El epicentro de la crisis financiera que ha generado la pérdida más grave de riqueza y bienestar que se recuerda desde 1929 no estuvo en Europa. Pero son las autoridades de las economías que comparten moneda única las que simultáneamente están decidiendo reducciones en todas las partidas de gasto público y, en algunos casos, elevaciones de impuestos. Las consecuencias de esa sincronía no pueden valorarse exclusivamente en relación al efecto supuestamente tranquilizador sobre los inversores en bonos públicos (es decir, acreedores de los Estados), sino también sobre las posibilidades de crecimiento de la región.
La madrugada del domingo 9 de mayo define el momento a partir del cual algunos Gobiernos, el español de forma muy destacada, asumen que han de plegarse a las exigencias de los que pasarán a comprometer esos recursos por hasta 750.000 millones de euros destinados a estabilizar los hasta entonces hipersensibles mercados de deuda pública. A esa disposición de fondos se añade el no menos significativo y repentino cambio de actitud del Banco Central Europeo (BCE), dispuesto a comprar en el mercado bonos de emisores públicos y privados de los países de la eurozona, como viene haciendo desde hace tiempo su colega estadounidense. La contrapartida de esos excepcionales apoyos no es otra que la intensificación del ajuste presupuestario. Pero la intensa reducción del gasto público, cuando está excesivamente concentrada en el tiempo, no es evidente que constituya un remedio adecuado a la creciente anemia de las economías europeas. Es una señal necesaria, pero probablemente más orientada al mensaje a los mercados, a modo de ejemplificación, que una decisión útil en la dirección de recuperación del crecimiento y del saneamiento de las finanzas públicas.
Solo con adelgazamientos precipitados en las partidas de gasto de inversión no se consigue un saneamiento como el pretendido. Es necesario que los ingresos públicos también contribuyan. Y esto no se consigue elevando en momentos recesivos los impuestos, sino propiciando, cebando, el crecimiento de la demanda de consumo e inversión: creando confianza en los agentes económicos. Esto último es lo que vuelve a diluirse en el continente, y en España de forma destacada. Los casi generalizados ajustes presupuestarios no facilitan las ventas de las empresas europeas, ni el saneamiento de los sistemas bancarios. Y eso cotiza mal en los mercados de acciones, como se ha visto en las últimas semanas. En realidad, tampoco los mercados de bonos están saludando la concentración de esos esfuerzos presupuestarios.
La dimensión más favorable de las decisiones adoptadas tras la madrugada del día 9 es la percepción de que la eurozona puede intensificar más la coordinación de las políticas presupuestarias y reducir esa asimetría entre unión monetaria y dispersión económica y política. Con todo, habría sido más razonable distribuir un poco más en el tiempo ese esfuerzo conjunto y acompañarlo de decisiones fortalecedoras de la confianza de los agentes. El pragmatismo estadounidense vuelve a contrastar con las actitudes de las autoridades europeas y eso ya se percibe en los indicadores de confianza de empresas y familias y en las propias previsiones de crecimiento económico y de reducción del desempleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de mayo de 2010