Estamos en pleno debate sobre prioridades en el gasto público. La lectura que se desprende de las medidas adoptadas por el Gobierno español es que las políticas sociales son un gasto en el que se puede ahorrar. Tenemos cuatro millones de parados y niveles de endeudamiento privados que nos sitúan en los primeros puestos de la clasificación mundial de la especialidad. Hay mucha gente entrampada con hipotecas de casas de las que no puede desprenderse, ya que su "pecado hipotecario" queda incrustado en sus vidas para siempre. Las posibilidades de encontrar trabajo disminuyen, y no parece que el abaratamiento del despido vaya a contribuir a cambiar de manera dramática esa realidad, si no viene acompañado de un aumento de las capacidades de inversión y de consumo.
¿Cuál es la gran diferencia entre la actual crisis y la de los ochenta, que también nos afectó de manera tremenda? Muchas cosas, pero una de las más significativas es el gran aumento que han tenido las políticas sociales en relación con el conjunto de la inversión pública. Todos los observadores informados consideran que si en los ochenta no ocurrieron cosas más graves desde el punto de vista de la convivencia social, fue debido al gran papel que tuvieron las familias desde el punto de vista de su capacidad para redistribuir ingresos y amortiguar costes.
La crisis actual ha cogido a las familias en peor situación. Más fragmentadas y aisladas. Más frágiles y vulnerables. Más soledad, más personas solas, más heterogeneidad social y más individualización. Pero, es evidente que siguen desempeñando un papel central, ya que no es normal que un país aguante con ese porcentaje de parados sin que estalle la conflictividad social, sobre todo cuando las perspectivas de futuro no son halagüeñas. Pero, la clave para entender la diferencia entre entonces y ahora es el mucho mayor protagonismo de las políticas sociales que despliegan los gobiernos estatal, autonómico y local. Y un reforzado sector de iniciativa social. No podemos seguir hablando de las políticas sociales como un coste. Hemos de considerarlas una inversión, y discutir si son primero las personas o la línea del AVE. Sin ese cambio de paradigma, no saldremos bien parados de esta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de junio de 2010