Hasta ahora el objetivo principal de la reforma laboral era crear las condiciones para que cuando la economía vuelva a la senda del crecimiento se genere empleo abundante y de la mejor calidad posible. Para ello será preciso que el porcentaje de paro estructural se reduzca sustancialmente, y disminuir la dualidad entre trabajadores fijos y trabajadores temporales de manera que los contratos fijos sean la regla y no la excepción.
Desde hace aproximadamente un mes -desde que los mercados miran con especial recelo a nuestro país y han colocado su prima de riesgo en el máximo nivel desde que existe el euro- la reforma laboral tiene una segunda función: la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad. Lo expresó con nitidez y sin circunloquios el presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, cuando al anunciar que el decreto ley sobre la reforma laboral lo aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 16 dijo: "Los mercados necesitan respuestas de confianza para eludir o eliminar la intranquilidad". Horas antes, colocar deuda soberana española significaba pagar 176 puntos básicos más que si se adquiría deuda alemana.
La reforma laboral se ha convertido en otra señal a los mercados. Por eso se ha acabado el tiempo de negociar
Esta doble función de la reforma laboral ha variado las reglas del juego. Cuando los mercados no habían dado todavía signos de histeria sobre nuestro país, tan importante como el contenido de la reforma laboral era el consenso entre patronal y sindicatos para obtenerlo. La meta consistía en adecuar el mercado de trabajo al nuevo modelo de crecimiento y mantener la paz social. Como la reforma, por sí misma, no creará puestos de trabajo mientras no vuelva el crecimiento y éste se retrasaba, no había demasiada prisa para cerrar el acuerdo. Se trataba de acompasar la nueva economía y el nuevo marco laboral.
El método se ha transformado. A esos mercados que exigen reformas y recortes del gasto -porque lo importante para ellos no es ahora el crecimiento sino la consolidación fiscal- apenas les importa el consenso de los agentes sino que se aplique cuanto antes la mayor flexibilidad del mercado de trabajo. Al no disponer de tiempo, el presidente de Gobierno ha puesto la fecha límite en el 16 de junio, pues al día siguiente, en Bruselas, España presidirá la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE bajo el mandato de nuestro país, y quiere hacerlo con el paquete de medidas de austeridad y la reforma laboral bajo el brazo.
Ello no será suficiente. Cerrados estos asuntos, Zapatero habrá de dedicarse a la reforma del sistema financiero una vez acelerado el proceso de fusión de cajas de ahorros. Y cuando crea que puede respirar y hacer un alto en el camino, alguien de Bruselas o de los famosos mercados se le acercará, le tocará en el hombro y le dirá: "Por cierto, ¿qué pasó con aquella idea de aumentar la edad de jubilación?". Esto no ha acabado con la reforma laboral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 2010