La economía portuguesa fue de las primeras en sufrir el contagio de la extensión de la crisis financiera global a la eurozona. Aun cuando las diferencias con Grecia pueden ser significativas, la economía lusa era la otra candidata a sufrir las consecuencias de las ventas masivas de bonos públicos. Las autoridades portuguesas no incurrieron en esas trampas contables que en mayor medida contribuyeron a ampliar la desconfianza en la deuda pública griega, pero Portugal tampoco reunía ventajas suficientes como para cubrirse de tensiones adicionales en la eurozona como las que están ocurriendo en las últimas semanas, y que ahora pueden agravarse tras los sucedido en Hungría. Desde luego, no podía exhibir unas finanzas públicas saneadas (la deuda pública se encuentra en el entorno del 86% del PIB y el déficit público era en 2009 del 9%), ni posibilidades suficientes de crecimiento en el medio plazo para generar ingresos con los que abordar el saneamiento que el pacto de estabilidad y crecimiento exige a las economías que comparten moneda.
La debilidad de Portugal no se explica solo por la recesión global. El crecimiento en los años anteriores a 2007 ha sido manifiestamente débil. Tras el ajuste fiscal decidido por el Gobierno (al igual que en España, se propone situar el déficit público en el 3% del PIB en 2013), las perspectivas de crecimiento del PIB en este y el próximo año no superan el 1%, con una tasa de paro en torno al 10% de la población activa. A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno socialista por sustituir el crecimiento del consumo y de la inversión públicos, que se expandieron intensamente a partir de la integración en la UE en 1986, el impulso de la inversión privada y los estímulos a la innovación están siendo muy insuficientes. Tampoco favorece la contribución del dominante sector servicios a la determinación del PIB la lenta recuperación de las economías europeas y, en particular, la de su principal socio comercial, España.
Al igual que España, Portugal tiene razones para seguir las instrucciones de austeridad fiscal que proceden de aquellos socios de la eurozona con mayor capacidad para avalar. Sin el respaldo del megafondo destinado a estabilizar los mercados de bonos, aprobado en la madrugada del domingo 9 de mayo, esa economía, al igual que la española, habría quedado a expensas de unos mercados de bonos convulsos. Pero al igual que ocurrirá con la economía española, la aplicación del ajuste fiscal no va a garantizar un rápido ni inmediato crecimiento económico. Justo lo contrario. La única contrapartida a ese sacrificio es la posibilidad de que un mayor esfuerzo conjunto acabe traduciéndose en una mayor coordinación estable de las políticas económicas: en pasos en la dirección de una estructura verdaderamente federal en la Unión Europea, que ha de ser particularmente explícita en el ámbito fiscal. Es la condición para la continuidad de la eurozona y, en todo caso, para que en su seno no arraiguen las tentaciones excluyentes o diferenciadoras en función de la sostenibilidad de las finanzas públicas. También en esto los intereses de los dos vecinos son coincidentes, y deseable sería que se tradujeran en mayores actuaciones y planes conjuntos entre los gobiernos. -
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 2010