El presidente de la Caja Vital, Gregorio Rojo, y su continuidad al frente de la Caja Vital estarán hoy en el centro del debate que iniciarán los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Vitoria, elegidos para deliberar sobre la revisión de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de la capital alavesa, del pasado mes de diciembre.
Los miembros del tribunal estudiarán el recurso de Rojo y valorarán si la sentencia original fue más allá de lo que planteaban inicialmente los demandantes, pero, sin cuestionar la nulidad de su nombramiento como miembro del consejo de administración y, por lo tanto, como presidente de la entidad financiera.
El juez de Vitoria que vio el caso el pasado año anuló la elección y nombramiento de los vocales del Consejo de Administración provenientes de todas las candidaturas, es decir, las ocho personas que fueron elegidas en la Asamblea General del 30 de marzo, entre los que estaba Gregorio Rojo. Además, el juez anuló también la elección y nombramiento de los cuatro comisionados de la Comisión de Control que fueron elegidos por la citada asamblea.
Una resolución muy contundente frenaría un recurso de casación
Sin embargo, el PP en su demanda no llegaba tan lejos y se limitaba a pedir la nulidad de la proclamación de Gregorio Rojo y quienes integraban su candidatura como vocales del consejo de administración, es decir, sólo se impugnaba una candidatura de tres miembros. Después fue el consejo de administración el que le nombró presidente. Al anular su elección como consejero, se eliminaba también la posibilidad de ser presidente. Respecto de los representantes de la Comisión de Control, el PP no decía nada.
El centro de la decisión será ver ahora si el tribunal estima parcialmente el recurso y reconoce una cierta extralimitación del juez de primera instancia, pero sin cuestionar la nulidad del nombramiento del actual presidente de la Caja Vital, a su vez presidente de la Cámara de Comercio, y vicepresidente de la patronal SEA, Empresarios Alaveses.
Hay varias incógnitas más que pueden afectar directamente al futuro inmediato de Rojo. Si el tribunal considera firme la nueva sentencia, aunque deje abierta la puerta a un recurso de casación en el Supremo, posiblemente el PP pediría la ejecución de la misma. En ese caso la salida de Rojo tendría que esperar cinco o seis meses más para la ejecución y otros dos años para su resolución definitiva.
Fuentes jurídicas creen, no obstante, que la sentencia no abrirá la puerta a una tercera instancia, entre otras razones porque los argumentos que se manejan en contra de Rojo aparecen muy contundentes.
La Audiencia tiene un plazo de diez días para emitir sentencia, aunque nadie la espera en menos de dos semanas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de junio de 2010