El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha vuelto a poner sobre la mesa los nombres de dos médicos que fueron vinculados en un principio al caso Margüello, las supuestas irregularidades en contrataciones del anterior Departamento de Sanidad. El órgano auditor aprecia en su informe preliminar al respecto que "la concertación [de Sanidad con varias firmas] deviene nula por incurrir en prohibición para contratar" debido a las incompatibilidades de José Carlos Margüello, ex director de Calidad del Hospital de Cruces; pero también de los facultativos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga.
Sanidad remitió al Parlamento a principios de año un informe en el que explicaba que no había "encontrado ninguna actividad susceptible de un nuevo procedimiento administrativo sancionador" a esos dos últimos facultativos, desechando la posibilidad de que incurriesen en incompatibilidades. El informe concluyó que el departamento no apreciaba actividades realizadas con Osakidetza de las empresas de las que estos médicos eran apoderados. Ambos lo fueron en Medical Dom, una de las firmas en que se han constatado o irregularidades en sus conciertos con Sanidad, y Climent lo era en otra, Rehabilidom. El informe abría la vía a sancionar a Margüello con una falta disciplinaria por ese motivo.
Tanto Climent como Zubiaga pidieron ser eximidos de comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el cado haciendo referencia a ete informe.En cambio, el Tribunal considera que los tres facultativos incurrieron en incompatibilidades.
Mientras, la comisión parlamentaria sigue sus trabajos. Ayer comparecieron la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, Amaia Ortiz, y el letrado de la Viceconsejería de Régimen Jurídico Mikel Loizaga. Ambos confirmaron el contenido de los informes que sus organismos han redactado en los últimos meses sobre el caso.
El de Loizaga ve indicios de prevaricación en la actuación de la Dirección Territorial de Sanidad en Vizcaya respecto al procedimiento utilizado para conceder la autorización de funcionamiento a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.
El texto de la Comisión Jurídica consideró nula de pleno derecho esa autorización, que Sanidad anuló días después. Tras la comparecencia de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, la próxima semana, comenzarán las de las administradoras de las empresas en cuestión y las de los tres médicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 2010
