Para aplacar la generalizada presión internacional tras el sangriento asalto a la flotilla de activistas que pretendía romper el bloqueo de Gaza, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha anunciado que hará una investigación sobre lo sucedido en aguas internacionales el 31 de mayo. Y también que suavizará el bloqueo de la franja palestina controlada por la organización islamista armada Hamás. Ni lo uno ni lo otro resulta creíble.
Cuando Israel investiga su propia violencia, y hay unos cuantos antecedentes, los resultados han sido siempre exculpatorios. ¿Cómo puede ahora resultar fiable una indagación realizada por el Gobierno que ordenó el ataque a la flotilla y ha elegido a quienes la llevarán a cabo? Ni siquiera aunque cuente con el beneplácito de Obama y formen parte de ella dos observadores internacionales cualificados, por lo demás sin derecho a voto sobre las conclusiones. Los detalles de lo sucedido en el Mavi Mármara nunca serán conocidos fehacientemente sin el testimonio (prohibido por Netanyahu) de los soldados que intervinieron en la operación y sin el acceso libre e intacto al material filmado confiscado por Israel. O sin la participación de Turquía, donde se han hecho las autopsias de los activistas. Si Netanyahu quisiera establecer la verdad, bastaría con propiciar una investigación internacional independiente, del cuarteto para Oriente Próximo, por ejemplo.
El asalto a la flotilla ha socavado también la legitimidad del bloqueo israelí de Gaza, considerado insostenible hasta por Washington. El alivio del asedio, que degrada a millón y medio de palestinos y fortalece el fanatismo de Hamás, es de momento solo una declaración de intenciones. Dista de estar claro en qué consistirá la liberalización o a qué productos se aplicará y cuándo. El Gobierno israelí ni siquiera ha concretado los cambios sobre el sistema actual, que deja pasar con cuentagotas incluso alimentos y medicinas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de junio de 2010