Jesús Ruiz Casado, dueño de la promotora Aifos, es una especie de Mario Conde a la malagueña. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, este ingeniero de 50 años fue una especie de gurú al que todos, desde alcaldes hasta banqueros pasando por medios de comunicación, querían arrimarse. Aifos, con 2.800 trabajadores, era una de las cinco mayores empresas de la provincia. El lujo de sus expositores siempre llamaba la atención en las ferias del sector, y su inversión en publicidad mantenía intacta su imagen de empresario modelo poniendo una sordina a las quejas, cada vez más numerosas, de sus clientes.
Una de esas quejas, prácticamente ignorada durante el auge ladrillero, ha desembocado en una causa penal en la que se presentan como víctimas una treintena de compradores de diversas promociones de Rincón de la Victoria, Torrox y Fuengirola. Estos clientes, que adquirieron las casas en 2002 y 2003, acusan a Ruiz Casado y a su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, de estafa por haberles vendido sobre plano sus viviendas sin contar siquiera con licencia para iniciar las obras. En la actualidad, en los solares no hay ninguna vivienda y Aifos se encuentra en un proceso concursal, la antigua suspensión de pagos. Algunos de los clientes invirtieron todos sus ahorros en la entrada de la vivienda.
El fiscal pide siete años de prisión para el promotor y su esposa
Durante la primera jornada del juicio oral, Ruiz Casado afirmó que siempre tuvo voluntad de entregar las viviendas por las que sus clientes pagaron reservas de hasta 59.000 euros. Además, aseguró que se informó en todo momento a los compradores de las dificultades que estaban experimentando para obtener los permisos de obras. Ruiz Casado también negó que desviara el dinero entregado por sus clientes a sus cuentas particulares ni que lo dedicara a actividades especulativas. En algunos casos, afirmó Ruiz Casado, la empresa devolvió a sus clientes el doble de la cantidad que habían entregado. Y a otros les ofreció
Otra de las acusaciones contra el dueño de Aifos es que no avaló, como era su obligación, las cantidades entregadas a cuenta por los clientes. Por esta razón, está acusado también de un delito contra los consumidores. Los testigos aseguraron que los comerciales de Aifos les decían que "no era política de la empresa" formalizar ese aval. El fiscal pide para Ruiz Casado y su esposa siete años de prisión y 84.000 euros de multa.
Uno de los testimonios más duros fue el de una madre que adquirió un piso en una planta baja para su hija, que usa silla de ruedas. "Nos pidieron dinero para acondicionar la casa para ella, pagamos religiosamente y nunca vimos la casa".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de junio de 2010