El Gobierno catalán ha pasado las tijeras por la mayoría de los departamentos, pero ha querido dejar intacto el plan de la Ley de Barrios. Pese a los recortes para reequilibrar el déficit, ha mantenido su inversión anual de 100 millones de euros -la cifra, hasta 170 millones, la completan los ayuntamientos- por considerar que el plan de barrios es la columna vertebral de su política social.
En su séptima convocatoria, han resultado beneficiados barrios de 11 municipios -dos son de Barcelona: el Raval Sud y Can Clos- y 14 poblaciones de más de 10.000 habitantes. El plan incluye inversiones en urbanizaciones. Los ayuntamientos avisaron hace días que la falta de crédito ponía en peligro los proyectos, pero fuentes de Política Territorial aseguraron que los consistorios disponen de moratorias y prórrogas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de junio de 2010