Cada día estoy más convencido de que nuestro Código Penal necesita un repaso urgente. Hace unas horas, un funcionario de prisiones le ha amputado un brazo a la estatua de Jesús del Gran Poder de Sevilla. La policía lo mantiene detenido mientras intenta aclarar el caso y ponerlo a disposición judicial. Todo parece indicar que será procesado por un delito de atentado contra el patrimonio, por lo que se juega tres años de cárcel.
Recordarán que hace unos meses un empresario abandonó a un inmigrante boliviano indocumentado -que trabajaba para él- en la puerta de un hospital de Gandía. El trabajador perdió un brazo cuando manipulaba una máquina de la panificadora donde trabajaba, como digo, sin contrato. La pena a la que se enfrenta el empresario es de entre tres meses y cuatro años. Desde luego no parecen muy proporcionadas ambas potenciales condenas, sobre todo teniendo en cuenta que para el Señor de Sevilla es solo cuestión de tiempo el que pueda volver al altar, pero a Franns Rillers -que así se llama el inmigrante- la vida le dio un trágico vuelco por la cicatería de su empleador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de junio de 2010