Un funcionario del juzgado penal 1 de Sevilla, que tramitó la condena al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha sido condenado a dos años de cárcel por ocultar y destruir ejecutorias judiciales. La sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla condena al funcionario F. P. S. M. a un año y siete meses de cárcel por un delito de falsedad y otros cinco meses por infidelidad en la custodia de documentos.
Se trata de la tercera sanción impuesta en el juzgado penal 1 de Sevilla, donde el juez Rafael Tirado fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la secretaria judicial a seis meses de suspensión, todo ello por no ejecutar la condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.
El funcionario judicial ha aceptado la condena, por lo que el juicio previsto no llegó a celebrarse. Según los hechos que la sentencia considera probados, el funcionario, con motivo de una visita de inspección del CGPJ, alteró manualmente los libros de registro e informáticamente en el sistema Adriano que utilizan los juzgados para "hacer pasar por archivados no menos de 267 procedimientos".
Cuando conoció que había una investigación sobre su actuación, comenzó a destruir y a dejar en el contenedor una serie de documentos que tenía pendiente de unir a diferentes causas. El fallo aplica al trabajador la atenuante de "trastorno ansioso depresivo y de pánico" derivado, entre otras cuestiones, de "la excesiva carga de trabajo existente en el mencionado órgano judicial".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de junio de 2010